Amparos contra el IDE

A partir de hoy, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de ocho amparos promovidos por igual número de empresas en contra de actos del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal por la expedición y aplicación del decreto que regula la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

Con la revisión de los amparos interpuestos por Alimentaria San Carlos, SA de CV; El Molino de Dos Ríos, SA de CV; El Paje de Tehuacán, SA de CV; Gas Lucón, SA de CV; Ramcab Empresarios, SA de CV; Farmacias Plus del Golfo, SA de CV; Farmacias y Chiapas, SA de CV, y Elvira Zamora Méndez, los ministros determinarán la constitucionalidad o o no de ese impuesto.

Esto servirá para establecer criterios con los que se resolverán otros tres mil amparos que se encuentran en espera de una sentencia definitiva en los diversos tribunales colegiados que hay en el país.

Una comisión de secretarios de Estudio y Cuenta de la propia Corte, supervisados bajo la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos -estos asuntos fueron listados por primera vez el 26 de octubre del año pasado-, elaboraron un problemario de 13 puntos, entre ellos tanto la constitucionalidad del impuesto, que se comenzó a aplicar en enero de 2008, como los efectos de su acto de aplicación.

Hay sectores productivos que se han visto severamente afectados por la aplicación de este impuesto.

Por ejemplo, Leopoldo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, dijo que la aplicación del IDE ha provocado el cierre de cuatro mil panaderías, la pérdida de 3 por ciento de flujo de efectivo y la competencia con el comercio informal.

Indicó que la mayoría de las panaderías son Pymes que no pueden pagar una auditoría para recuperar cada mes el IDE, sino que deben esperar a la declaración anual para recuperarlo, y lamentó que a 18 meses de su aplicación no les han reembolsado el dinero.

Hay varias empresas que han planteado en sus amparos que con la aplicación del IDE hay violación al principio de proporcionalidad tributaria y falta de razonabilidad jurídica, además de que se presenta iniquidad, por lo que se ha cuestionado la legitimidad de la propia Ley del IDE.